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Ley de Pago a 30 días: cuidado con los plazos de los negocios Imprimir Correo electrónico
Lunes 04 de Febrero de 2019

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Recién promulgada la ley cuyo objetivo central es dar certeza a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las fechas de pago, devolviéndole su capital de trabajo en un plazo máximo de 30 días, el nuevo marco normativo surge como un paso positivo, pero habrá que monitorear su aplicabilidad en algunos aspectos.

En efecto, la nueva ley establece un plazo de pago certero que instaura la aplicación de intereses corrientes por cada día de atraso en el pago de la factura y comisión moratoria. El pago a 30 días, eso sí, se hará a partir del mes 25 luego de la publicación en el Diario Oficial. Antes de ello, el pago será a 60 días, con el objetivo de que las empresas se vayan adaptando a la nueva normativa.

Desde nuestra creación hemos acompañado y trabajado por el financiamiento inclusivo de las pymes, por lo tanto, apoyamos todas aquellas iniciativas que fomentan su crecimiento. En este sentido, nos parece positivo que exista un marco normativo para que las pequeñas y medianas empresas dispongan de herramientas legales que les aseguren el pago oportuno por sus productos y servicios.

Sin embargo -y tal como lo señalamos a los parlamentarios y al Gobierno durante los meses en que el proyecto se tramitó en el Congreso-, creemos que resulta delicado que a las pymes se les imponga un plazo de pago de 30 días a sus proveedores, dado que hay industrias que operan con plazos de pago propios de cada mercado o industria. Recordemos la usual forma de pago en el mundo de las pymes, el “30-60-90” de uso habitual y que refleja el pago en parcialidades a 30, 60 y 90 días. Facilidades como esta tendrán que quedar reflejadas en un contrato, complicando la gestión de las empresas en una forma que creemos innecesaria. También es muy necesario mencionar el caso de las empresas que proveen a la industria exportadora, que por la naturaleza de su negocio recibe sus retornos a 120 o 180 días, de manera tal que es muy complejo calzar esos flujos con pagos a 30 días.

Al mismo tiempo, junto con las obligaciones que se le imponen al sector privado, será relevante que el sector público cumpla efectivamente con los plazos establecidos en la Ley. Ello, de paso, podría alivianar la carga futura de nuestros tribunales, dado que existe una innumerable cantidad de causas judiciales que por años buscan el pago de facturas por parte de algunos entes estatales, por lo que esperamos que esta ley pueda hacer que dicha situación cambie.

Por ello, una vez que esté operativa, habrá que monitorear de cerca tanto el cumplimiento como los efectos de ella para que efectivamente las pymes no vean entorpecido su desarrollo. Siempre debemos recordar que las pymes no solo son las grandes generadoras de empleo en Chile, sino que también conforman uno de los ejes en la creación de grandes negocios y, en este contexto, es necesario cuidar que las normativas -por loables que sean- no vayan a asfixiar a este actor clave de nuestra economía.

Por Marcelo Lazen - Presidente de la Asociación de Empresas de Factoring (EFA)

Pyme Columnas

 

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